Los ex presidentes con negocios no pueden cobrar ninguna pensión del Estado

Como en tantas otras ocasiones, la sociedad española está siendo víctima de una estafa. Los argumentos a favor de la pensión concedida a los ex presidentes de Gobierno con el cargo fantasma de consejero en importantes empresas han conseguido agudizar mi apetito por la desobediencia civil, porque quizá ha llegado la hora definitiva de ese instrumento que sólo emplean los dirigentes regionales del Partido Popular, el boicot, pero uno de gran escala que se fije por meta que todo se vaya a tomar por el culo.
He escuchado a los defensores de esta estafa que en España se cobra poco por la dedicación a la vida pública. Bien, se cobra bastante para vivir holgadamente, habida cuenta de que, durante sus mandatos, los presidentes y sus familias no gastan ni en cepillos de dientes, así que no nos chupemos las pollas de tanto entusiasmo.
En segundo lugar, es cierto que los ex presidentes han prestado su servicio a la sociedad, pero ni estaban obligados a ello -ninguna pistola en la nuca los llevó a la política, y "son gente" como el resto de la gente- ni dicho servicio puede medirse en términos de ninguna clase, luego su pensión podría siempre revocarse -riesgos también hemos corrido.
En tercer lugar, cualesquiera contactos -la famosa "agenda"- que los ex presidentes hiciesen en sus mandatos y que podrían ser de utilidad para empresas que les ofreciesen alguna suerte de remuneración, o benefician directamente a la sociedad que los eligió como mandatarios, o chocan también directamente con los intereses de esa sociedad si sólo sirven como objetos de intercambio en beneficio personal de quien comercia con ellos.
En cuarto lugar, debido a la opacidad de la actividad pública, es fácil desconfiar de la limpieza absoluta en las más altas esferas. Los patrimonios de los ex presidentes crecen de manera prodigiosa, y cabe suponer que las tan cotizadas conferencias en la gira obligatoria para todo ex mandatario hubieran podido contar con algún fondo bien alimentado, deseemos que siempre dentro de la legalidad, aunque, obvio, fuera de la moralidad.
En quinto lugar, cierto que el Estado dispone que tales pensiones deben concederse, y que quien puede benficiarse de ellas cuenta con su existencia una vez abandone su función pública, pero la incompatibilidad con cualquier otra fuente de ingresos no puede ser más moral y honesta. En un contexto socioeconómico en que se reducen las becas de todo orden, aumenta la edad de jubilación, se reducen las plazas en las convocatorias de empleo público..., los 80.000 € anuales concedidos a dos millonarios se tornan decisivos, y no sólo en relación con la estima que la sociedad tenga a los políticos y a la política.
Me detengo, y no añado lugares siete, ocho y en adelante para no estar escribiendo cuatro días seguidos, pero ninguna defensa es posible, amigos del periodismo de trincheras.
Igual que Henry David Thoreau se subió a un árbol para que sus impuestos no contribuyesen a hacer la guerra a México, yo voy a subirme a otro y me voy a cagar en todo el que se ponga debajo, porque con mi triste dinero de mierda no pienso colaborar en el robo que es una pensión vitalicia a quienes ya tienen los bolsillos y los baúles llenos de insaciable sed de ruindad.
¡Desobediencia civil ahora!


Yvs Jacob